Nombre.-ApellidosD.N.I. nº.-DirecciónColegiado nºColegio.-A/a D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez
Excmo. Sr. Ministro de Justicia
Calle San Bernardo 45
28071-Madrid
En Albacete a …..de octubre de 2012.
Muy Sr. Mío:
En primer lugar quiero presentarme, mi nombre es …….. y soy un abogado
joven. Me dirijo a Vd. a fin de mostrarle mi frontal oposición y absoluto
rechazo al Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses que ha sido presentado y cuyo contenido es público.
Quiero mostrarle mi malestar y el de mi
colectivo en concreto, sin perjuicio de que el perjudicado en general no
solamente es ya el colectivo de Abogados y Procuradores, sino, en definitiva,
el ciudadano, ante el contenido de dicha norma. Es lamentable ver como las
tasas previstas no se modulan en función de la capacidad económica, sino que
las sufrirán las clases medias; y serán ellas quienes se encuentren ante una
barrera infranqueable e inconstitucional. A su vez, en una situación de extrema
gravedad como la actual, esto no solo va a suponer la imposibilidad de que el
ciudadano medio pueda acceder a la Justicia en los términos previstos en
nuestra Constitución, sino que con ello se va acabar de maltratar a los
colectivos profesionales, como es nuestro caso, que con ello se verán privados
de mantener una actividad profesional lícita y necesaria, como así establece en
varias ocasiones la misma Constitución cuyo contenido parece ahora obviarse y
que, en definitiva, constituyen el sustento de numerosas familias. La actividad
judicial no solamente la componen y sustentan oficiales, agentes, auxiliares,
secretarios judiciales, fiscales y jueces, sino que los Letrados y
Procuradores, cuya actividad es tan digna como las anteriores se verán
nuevamente cercenados en el derecho al ejercicio de su actividad profesional
con un mínimo de dignidad y profesionalidad.
Por otra parte, no menos preocupante, nos
encontramos ante el hecho de que hay comunidades autónomas, como Cataluña ya
vigente y Valencia en ciernes, que aplican ya una serie de tasas al
Justiciable, con lo cual, de entrar en vigor su norma recaudatoria, se
aplicaría doblemente una tasa al ciudadano que accede a la Justicia, lo que ya
resulta injustificable por mucho que se pretenda por el legislador motivar la fijación
de las mismas.
Si realmente es necesario un sistema de filtro en los litigios, que esto
venga determinado por la temeridad y la mala fe, que pague efectivamente el
condenado en costas, si hay tal condena y cuando exista; que se rebajen las
cuantías fijas sustancialmente y se supriman las variables, todo ello contando
con la rotunda supresión de las tasas en la Jurisdicción Laboral, así como la
ampliación de supuestos en las exenciones a las tasas en las jurisdicciones
civil y contencioso-administrativa.
En definitiva, por si no tuviera en cuenta las enmiendas totales y
parciales presentadas por numerosos colectivos, entre ellos el nuestro, le pido
que recuerde que la mejora de la Justicia no es una cuestión de números o
estadísticas, sino de personas y por ello también de profesionales. La mejora
de la Justicia es una necesidad y en eso estamos de acuerdo con Vd. pero dicha
mejora no se conseguirá destruyendo los derechos de los ciudadanos que tanto ha
costado conseguir de forma democrática, ni restringiendo el acceso a la
Justicia por un criterio de capacidad económica.
Por último, me pongo a su disposición para mejorar la Justicia, la
Justicia de todos, pero reflexione y escuche, porque esto no es un manifiesto
gratuito y anecdótico sino el sentir de la abogacía joven y, en definitiva, de
los que hemos estudiado una carrera y optado por una profesión de la que
pretendemos seguir sintiéndonos orgullosos y en la que sin el servicio al
ciudadano carecería de sentido.
Atentamente le envío un cordial saludo.
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